[Reproduzco en este blog el comunicado de la ASAISOC (Organización en la que trabajo como asesor ambiental) sobre las pretensiones del gobierno nacional de modificar la consulta previa]
COMUNICADO
A LA OPINIÓN PUBLICA
“AUTORIDADES
INDÍGENAS DEL PUEBLO SÁLIBA DEL MUNICIPIO DE OROCUÉ CASANARE, PREOCUPADOS POR LA REFORMA
QUE DEBILITA EL DERECHO DE LA CONSULTA PREVIA”
En
el Municipio de Orocué, Departamento de Casanare, existen ocho resguardos
indígenas legalmente constituidos, asociados mediante el decreto 1088 de
1994(ASAISOC), pertenecientes al pueblo Sáliba con una población de 1.725
personas. En la actualidad afrontamos la invasión territorial por parte de las
empresas petroleras, Interoil, Vetra, Parex y Perenco. Desde el año 1995 se han
venido adelantando procesos de Consulta y/o Concertación entre las comunidades
indígenas y las empresas, a través de los mecanismos establecidos por parte de
los diferentes gobiernos teniendo en cuenta el convenio 169 de la OIT,
ratificado por la ley 21 y por la honorable Corte Constitucional como un
derecho fundamental de los pueblos indígenas (Sentencia T-129/11, T-428/92, SU-037/97,
T-652/98, T-634/99, SU-383/03, T-955/03, T-737/05, T-880/06, T-154/09 y
T-769/09 ).
El
Señor Presidente de la Republica en el Plan de Desarrollo Nacional, siempre ha
priorizado la Locomotora Minero-Energética, sin medir las consecuencias territoriales,
ambientales, culturales, organizativas, sociales y políticas que tenemos que
afrontar los pueblos indígenas.
En
el año 2004 el pueblo Sáliba publicó el Plan de Vida que refleja las
proyecciones de pervivencia para lo cual
se establecieron 4 ejes fundamentales: Territorio y Ambiente Integral,
Organización y Gobierno Propio, Identidad Cultural y Comunicación y Producción
y Economía Autosostenible.
En
el caso territorial la superficie de nuestros Resguardos no es suficiente para
garantizar el bienestar familiar teniendo como referente la UAF (Unidad
Agrícola Familiar) establecida por el INCODER, por esta razón una de las
principales políticas de nuestro pueblo es la reafirmación y ampliación
territorial. La presencia de las empresas petroleras ha causado grandes
impactos como la disminución de los
Territorios por la apertura de vías y establecimientos de plataformas y la
imposibilidad de cumplir con la política territorial mencionada anteriormente.
En
cuanto el tema ambiental se pueden establecer dos escenarios diferentes que
generan impactos gravísimos: El primero es la exploración Sísmica al que las autoridades
competentes, como la ANLA y las Corporaciones Autónomas Regionales
(Corporinoquia exige Medidas de Manejo Ambiental para estos proyectos) no exige
el trámite de licencias ambientales, a pesar de los grandes impactos percibidos
por nosotros, quienes vivimos en estos territorios, hoy vemos el cambio en
nuestros ríos, caños, esteros, morichales, madreviejas y aguas subterráneas, de las cuales nos
beneficiamos con los pozos profundos, que en la temporada seca ve disminuido o
desaparecidos su caudal, ocasionando además, mortandad de animales y afectando
la Flora a causa de la escasez de recurso hídrico
El
segundo escenario, son los proyectos de exploración y explotación, que, a pesar
de contar con licencia ambiental generan también impactos graves como la
contaminación de las fuentes hídricas y la disminución de los caudales a raíz
de la utilización de agua en gran proporción para su desarrollo, las empresas
tratando de maquillar su accionar y autorizadas por la ANLA han decidido no
captar el agua directamente en los resguardos, pero sí lo hacen en la misma
cuenca, la mayoría de las veces aguas arriba, lo que genera el mismo impacto.
Frente
a los procesos organizativos, con la presencia de las empresas petroleras,
estos se han debilitado a pesar que la
consulta previa se hace con las autoridades legalmente reconocidas, pues en la
práctica las empresas intentan desestabilizar los procesos organizativos
construidos dentro del plan de vida, ocasionando la división de nuestro pueblo,
debido a esta situación cada uno de los resguardos afronta los procesos de
consulta sin tener en cuenta la unidad del pueblo sáliba. También se han
generado conflictos al interior de cada comunidad provocada por la actitud de
las empresas, las cuales se aprovechan de las necesidades individuales buscando
el debilitamiento de los procesos colectivos, con el único fin de lograr el
desarrollo de sus políticas.
Desde
el punto de vista de nuestra identidad cultural, la población hablante de la
lengua propia es apenas del 8% y este porcentaje está compuesto en su mayoría por
algunos de nuestros mayores. Con los proyectos petroleros se ha acelerado el
proceso de debilitamiento del uso de nuestro idioma y de la mayoría de los
valores culturales del pueblo Sáliba; para estas empresas la pervivencia
cultural del pueblo no es un tema prioritario, sino más bien, un obstáculo para
sus pretensiones extractivas.
Tradicionalmente
el pueblo indígena Sáliba se ha dedicado a los proyectos agropecuarios y a la
caza y recolección de acuerdo a los usos y costumbres, pero desde la llegada de
las Empresas Petroleras algunos indígenas se han visto obligados a depender de
las ofertas laborales que ofrecen temporalmente estas empresas y abandonan los
proyectos productivos que garantizan la
soberanía alimentaria al interior de cada una de las comunidades.
Históricamente el pueblo sáliba solo ha buscado los ingresos y/o recursos que
permitan su subsistencia, el trabajo en los proyectos exploratorios y
extractivos genera un debilitamiento familiar, a causa del aumento del consumo
de alcohol por el mal manejo de los recursos percibidos y el abandono temporal
de los hogares para desplazarse hasta los lugares de trabajo.
Esta
problemática se origina a partir de la asignación arbitraria de los bloques de
exploración y explotación petrolera por parte de la ANH la cual debería ser
consultada. La presencia de territorios indígenas en cada uno de los bloques se
verifica por parte de las empresas, después de firmado el contrato con esta
entidad estatal, desconociendo las garantías que debe ofrecer a las comunidades
étnicas cada uno de los organismos del estado. El papel de la dirección de consulta previa del Ministerio
del Interior ha dejado serias dudas, pues los funcionarios designados para los
procesos con el pueblo Sáliba de Orocué, han demostrado el interés por
favorecer las necesidades de las empresas; las autoridades tradicionales han
tenido que enfrentar esta situación en cada una de las reuniones dejando en
claro cuál debe ser la función y la forma de actuar de estos delegados que
legalmente se presentan como “garantes de estos procesos”.
La
ocurrencia de estas situaciones genera una percepción equivocada de parte de
las empresas, las cuales creen que tienen poder sobre las comunidades y crean un ambiente hostil en cada uno de los
escenarios del proceso de consulta previa. Como pueblo hemos decidido que los
Estudios de Impacto Ambiental sean desarrollados con la participación de
equipos de sabedores locales y teniendo en cuenta nuestro plan de vida y los
diferentes mandatos desarrollados a partir de este, gracias a esta decisión,
las fases de diagnóstico e identificación de impactos y medidas de manejo se han
podido llevar de buena manera. El problema surge al momento de discutir la
compensación para los impactos causados, la actitud de las empresas es la de
agredir a las comunidades y actuando de mala fe amenazan con excluir a los resguardos
de sus proyectos, sin que esto signifique una disminución real de los impactos,
pues dicha exclusión implica que los resguardos queden rodeados por plataformas
petroleras establecidas en las fincas aledañas. Estas amenazas buscan dividir a las
comunidades y generar falsas expectativas, con el fin de compensar lo mínimo
posible, desconociendo los impactos definidos de manera conjunta.
A
pesar de toda esta problemática la decisión autónoma del pueblo Sáliba ha sido
la de concertar cada uno de los procesos extractivos que se desarrollen en
nuestro territorio, y la consulta previa ha sido el escenario pertinente para
este fin, pues, con todas las dificultades aquí expresadas, permite
salvaguardar y conservar los planes de pervivencia de nuestra comunidad.
En
diferentes ocasiones el gobierno nacional ha manifestado que la consulta previa
es un obstáculo para el desarrollo de sus políticas, a pesar de lo dicho por la
corte constitucional en los autos 004,
092, 051 que ordenan proteger y salvaguardar a los pueblos en riesgo de
desaparición física y cultural.
Por
eso vemos con preocupación el interés del gobierno nacional de reglamentar y
modificar la política de consulta previa ya que consideramos que esta
modificación atenta directamente contra el espíritu de estado multicultural
plasmado en la constitución de 1991, y que afecta directamente la soberanía y
autodeterminación de los pueblos de la nación colombiana, para favorecer los
intereses de empresas extractivas.
Convocamos
a las organizaciones defensoras de derechos humanos a nivel nacional e
internacional, a la ONIC, a la OIT, a la Procuraduría general de la nación,
Defensoría del pueblo, a los congresistas elegidos bajo la jurisdicción
especial indígena, a los medios de comunicación tradicional y alternativa para
que vigilen atentamente este proceso que pretende abrir paso para un nuevo
exterminio de las minorías étnicas de nuestro país.
Asociación de Autoridades Indígenas del Pueblo
Sáliba de Orocué
Resolución
0177 de dic 5 de 2013 del Ministerio del Interior, dirección de asuntos
indígenas
